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Directiva EU de Protección de los Denunciantes - Todo lo que necesita saber sobre su transposición en España

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¿Qué es la Directiva Europea 2019/1937 de Protección de los Denunciantes?

 

Con el objetivo de proteger la figura de los alertadores o whistleblowers ante posibles represalias, el 16 de diciembre de 2019 entró en vigor la nueva Directiva Europea del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Esta ley pretende aunar esfuerzos a nivel europeo para respaldar a las personas físicas que informen sobre corrupción, discriminación o cualquier tipo de irregularidad que observen en el curso de sus actividades profesionales. Los Estados miembros de la UE deben incorporar la Directiva Europea de Protección de los Denunciantes a sus legislaciones nacionales antes del 17 de diciembre de 2021.

Las nuevas medidas establecen canales de denuncia externos o internos donde el alertador pueda comunicar la infracción tanto en el ámbito privado como en organismos públicos. La aplicación de estos canales proporciona la confidencialidad del denunciante, punto fundamental para preservar su anonimato y evitar riesgos.

El proceso de denuncias se divide en tres niveles. Primero el alertador tiene la facilidad de informar en su propia empresa mediante un canal interno, si esto no funciona, deberá acudir a las autoridades competentes. Si por alguna razón no se toman las medidas esperadas o el alertador corre algún peligro, podrá hacer uso de los medios de comunicación.

Los alertadores juegan un papel fundamental en la lucha contra el fraude y la preservación de una sociedad más transparente. Por este motivo, esta normativa va a repercutir positivamente en las buenas prácticas y los valores éticos de la sociedad.

 

¿Cuál es la situación actual de la Directiva en España?

 

La cultura de whistleblowing es bastante reciente en España. En los últimos años, partidos políticos y algunas corporaciones han apostado por crear políticas de denuncia de mayor o menor calidad, con un enfoque centrado en prevenir riesgos ante las infracciones; sin embargo, el país carece aún de una ley que cubra todos los procedimientos obligatorios de denuncia.

La Directiva UE 2019/1937 representa un profundo cambio legal para la legislación española. Como en el resto de los países de la unión, el plazo para implementar la ley es antes del 17 de diciembre de 2021. Podemos afirmar, que la trasposición de la Directiva en España ha sido debatida en el Congreso. El anteproyecto de ley fue llevado a la cámara baja con proposiciones de los partidos ERC, Compromís, BNG y Más país en enero de 2021. Este debate fue el resultado de una iniciativa sometida a consulta pública en la página web del Ministerio de Justicia que recibió más de 40 documentos de particulares y organizaciones interesados en la materia, entre ellas, Transparencia Internacional-España. La intención del gobierno era hacer este proceso legislativo abierto y participativo, como en el caso de Irlanda.  

Ante las posibilidades que permite la nueva normativa, las partes interesadas se cuestionan qué medidas podrían ser más efectivas para España. En los últimos meses se han debatido, entre otros asuntos, si es conveniente extender la protección más allá del alertador, qué tipo de entidades concretas del sector público y privado deben estar obligadas o si deben admitirse denuncias anónimas por parte de los whistleblowers.

 

¿Qué temas principales trata la Directiva?

 

A continuación, se exponen las medidas más significativas de esta directiva:

  • Se amplía la cobertura de protección para los alertadores. Ya no solo se protegerá a los empleados, sino también a trabajadores autónomos, proveedores, accionistas, exempleados, becarios remunerados o no, voluntarios o personas que participen en el proceso de contratación, entre otros.
  • Ya no existe una prueba de motivación, es decir, el whistleblower tiene el derecho a informar sobre una infracción si tiene la certeza de que lo que ha observado es un acto ilegal y cumple con los ámbitos que cubre la directiva.
  • Los alertadores pueden elegir si prefieren denunciar por un canal interno o externo. En este punto, la directiva recomienda elegir en primer lugar un canal de denuncias interno antes que acudir a una fuente externa. En caso de ausencia de respuesta o aclaración por parte de los examinadores internos de las denuncias, el alertador siempre podrá comunicar la infracción a un medio de comunicación, por ejemplo.
  • Las empresas que cuenten en su plantilla con más de 50 trabajadores están obligadas a establecer canales de denuncia internos. Estos pueden ser canales electrónicos, buzones o líneas de teléfono. Los canales elegidos deben preservar en todo momento la confidencialidad del whistleblower, así como de la denuncia. Además, se debe hacer un seguimiento de la denuncia para una mayor investigación.
  • El procedimiento de investigación debe completarse en un plazo máximo de tres meses, con la consecuente respuesta al alertador.
  • Cualquier acto de represalia, como amenazas, discriminación o acoso quedan totalmente prohibidos y su incumplimiento conlleva sanciones económicas.

Sanciones económicas por incumplimiento de la Directiva de Protección de los Denunciantes

 

Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley para amparar la figura de los whistleblowers, las empresas recibirán sanciones que van desde graves a muy graves:

 

Hasta 50.000 Euros : Sanciones muy graves

  • Impedir o dificultar el seguimiento de la denuncia
  • No cumplir con el derecho de confidencialidad del alertador
  • Practicar cualquier represalia

Hasta 25.000 Euros : Sanciones graves

  • No disponer de un canal de denuncia interno
  • Contar con un canal de denuncias interno sin garantías de confidencialidad
  • No designar a una persona responsable para la recepción de las denuncias
  • No revisar periódicamente el procedimiento de denuncia interno

 

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Principales novedades de la Directiva EU de Protección de los Denunciantes en España

 

El plan de trasposición de la nueva directiva en España incluye varios factores a tener en cuenta. Como ya hemos mencionado con anterioridad, la directiva afectará a empresas y organizaciones tanto del sector público como del privado.

 

¿Qué empresas están obligadas a implementar un canal de denuncias?

  • Las empresas que tengan 50 trabajadores o más.
  • Las empresas que obtengan un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros.
  • Todas las que se encuentren en el sector de los servicios financieros y puedan sufrir riesgos relacionados con blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

En el sector público encontramos:

  • El Estado
  • Las administraciones regionales y provinciales
  • Otras entidades de derecho público
  • Los municipios de más de 10.000 habitantes.

La confidencialidad del alertador juega un papel muy importante en lo que respecta a la nueva normativa, para preservarla, se encuentran las siguientes medidas:

  • La obligatoriedad de canales de denuncia que garanticen la confidencialidad de la identidad del alertador, si este lo desea.
  • Seguimiento del estado de la denuncia por parte del alertador, aunque este haya decidido permanecer anónimo.
  • Acuse de recibo por parte de la empresa u organización en un plazo de siete días a partir de la recepción de la denuncia.
  • Feedback al alertador dentro de los tres primeros meses después de recibir la denuncia.

La nueva normativa prohíbe tomar represalias contra el alertador, esto conlleva:

  • La protección no solo de los empleados de la empresa, sino de familiares, amigos, socios comerciales o proveedores, entre otros.
  • Medidas para proteger a los whistleblowers ante cualquier represalia, como es la prohibición de despido, cambio de lugar de trabajo, discriminación, coacción o acoso.
  • Medidas de apoyo para el alertador, asesoramiento sobre procedimientos y recursos disponibles, así como asistencia jurídica.

 

¿Qué tipo de irregularidades deben ser denunciadas?

Cualquier acto que pueda suponer una infracción del Derecho de la UE deberá ser comunicado con la intención de crear una cultura más transparente. Se pueden denunciar conductas delictivas relacionadas con la contratación pública, los servicios financieros, la salud pública, el mercado interior respecto al Impuesto sobre Sociedades, la libre competencia o la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otras.

 

¿Qué propósito se pretende conseguir con la Directiva 2019/1937 de Protección de los Denunciantes?

 

La introducción de la nueva Directiva es un gran paso para todos los estados miembros de la Unión Europea. Ahora más que nunca se reconoce la importancia de frenar abusos como la corrupción, el blanqueo de capitales y todas aquellas acciones ilegales que dañen no solo la imagen de una empresa, sino la imagen pública de un país.

La ausencia de un canal de denuncias que proteja a los whistleblowers supone un alto coste personal para ellos, con consecuencias que podrían desembocar en la pérdida de trabajo. A su vez, supone un alto coste económico para las empresas, ya que podrían no solo perder su reputación, sino verse abocadas a su completa disolución.

Esta ley pretende afirmar los valores democráticos y el Estado de Derecho, así como mejorar la situación jurídica de los whistleblowers en todos los países de la unión, tanto en el sector público como en el privado. Ahora, de una forma mucho más unitaria, se protegerá a las personas que informen sobre irregularidades que conciernen al derecho de la UE, cubriendo áreas que van desde la seguridad alimentaria, servicios financieros, protección de datos personales, prevención de lavado de dinero, financiación del terrorismo, la seguridad del producto o la protección del medio ambiente, entre otras.


¿Por qué es importante aplicar esta Directiva en España?

 

Hoy en día, si un funcionario, empleado o periodista decide denunciar una infracción o delito de interés público, podría enfrentarse a penas de hasta siete años de cárcel según un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Esto no ocurre en otros países europeos como Reino Unido o Francia.  

Hasta el año 2019, y pese a los múltiples intentos de crear una normativa a nivel nacional que amparase la figura de los alertadores, no existía una legislación estatal para el territorio español.

Durante los últimos años, varias comunidades autónomas han puesto encima de la mesa iniciativas destinadas a crear mayor conciencia de la importancia de amparar a los alertadores de las represalias, sin embargo, todas presentan mecanismos de nivel de protección diferentes; así como pocos recursos para llevarlas a la práctica. Una de estas leyes, con escasos resultados, es la Ley 2/2016 de Castilla y León, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. Otra ley, con más calado y que ha tenido más repercusión ha sido la Ley 11/2016 de la Generalitat Valenciana, de la agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción. Destacan también la Ley 5/2017 de Integridad y Ética Públicas de Aragón o la Ley 16/2016 aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.  

La principal ley que hace referencia específicamente a la denuncia de las irregularidades en el sector privado y público es la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales. El artículo 26 establece que las personas físicas y jurídicas deben establecer un procedimiento para que sus empleados, directivos o agentes comuniquen, incluso de forma anónima, información relevante sobre incumplan la ley.

Con las mejoras en el terreno de cumplimiento normativo a nivel europeo, el 13 de marzo de 2019 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2019 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Esta nueva ley está mas centrada en la lucha contra los abusos de mercado, el fraude o el terrorismo y aplica sanciones para aquellos que cometan actos delictivos y puedan poner en riesgo la reputación o incluso la disolución de las empresas.

La puesta en marcha de la nueva Directiva es, sin duda, una buena noticia para España. El propio Tribunal Supremo, tras una reciente sentencia 35/2020, dictada el 6 de febrero de 2020, y relacionada con una investigación por fraude; destaca la importancia del anonimato de las denuncias para proteger a los alertadores, así como de los programas de cumplimiento que contengan un canal de denuncias interno.

 

"Alrededor del 90 % de todos los alertadores intentan primero abordar las quejas observadas internamente antes de acudir a las autoridades, los medios de comunicación o el público, siempre que encuentren canales adecuados y una cultura abierta dentro de la empresa."

– FISCHER, EVA (2019): LA COMISIÓN DE LA UE Y EL PARLAMENTO EUROPEO SE ENFRENTAN POR LA PROTECCIÓN DE LOS ALERTADORES

 

Nuestro consejo: 

 

Las empresas en cuestión deben asegurarse de que las estructuras profesionales de cumplimiento interno se establezcan a tiempo para evitar que el alertador utilice los canales de comunicación externos. La práctica demuestra que un sistema de denuncia es más eficaz si forma parte de una cultura empresarial basada en la confianza y la transparencia.

Y, como siempre, la comunicación es la clave: cuanto más se promuevan los canales internos, como el canal de denuncias, y se puedan encontrar en el sitio web o la intranet, más empleados los conocerán y podrán acceder a ellos en caso de necesidad.

En nuestra sección "Referencias", puede leer muchos testimonios inspiradores sobre la implantación de un canal de denuncias interno tanto para empresas privadas como públicas. 

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