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Transparency International exige al gobierno de Austria que amplíe la Directiva Europea de Protección de los Denunciantes

Todos los Estados miembros de la UE están obligados a implementar en su legislación nacional antes del final de 2021 la Directiva de la UE sobre Protección de los Denunciantes, la cual entró en vigor en diciembre de 2019. La Directiva se considera un éxito para una protección homogénea de alertadores, pero es de aplicación principalmente para la denuncia de violaciones de la legislación de la UE. Cosa que no es suficiente para la organización de lucha contra la corrupción Transparency International en Austria. Esta exige al gobierno austríaco que amplíe la Directiva en su legislación nacional al campo del derecho penal y del derecho sobre competencia.[1] Además, la organización aboga por la armonización de la protección de los denunciantes de irregularidades en una ley marco a fin de agrupar claramente las disposiciones nacionales ya existentes en materia de protección de denunciantes de irregularidades y crear así un marco de certidumbre jurídica. Del mismo modo, debe armonizarse también la protección de los funcionarios públicos. Aunque la Directiva de la UE es de aplicación a los funcionarios públicos en la misma medida, el procedimiento de presentación de denuncias en el sector público austríaco está determinado por las obligaciones previstas en la legislación sobre la administración pública, que obligan a los interesados a denunciar las infracciones a sus superiores. Por lo tanto, al aplicar la Directiva de la UE, debe tenerse en cuenta que los empleados del sector público también están bajo la protección homogénea de la misma.[2]

No solo en Austria tiene buena acogida la ampliación de la Directiva al derecho penal nacional. Sin embargo, queda por ver cómo será la integración en la legislación nacional antes de que finalice el plazo.


[1]www.derstandard.at/story/2000120150774/oesterreich-muss-bis-ende-2021-whistleblower-schutz-umsetzen

[2]www.ti-austria.at/2020/09/21/4312/

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